Inicio > Textos > Por los derechos democráticos > Una protesta nacional contra el régimen antidemocrático

Una protesta nacional contra el régimen antidemocrático (octubre 1969)

La campaña para elegir presidente de la República y renovar el Congreso de la Unión en julio de 1970, se inicia en una situación en que habiéndose elevado a un nivel superior al de los últimos 30 años la conciencia política de grandes masas y su disposición a la lucha contra la política dictatorial y represiva de la burguesía, como lo demostró el movimiento estudiantil y popular, las masas trabajadoras están ahora más ausentes que nunca de la actividad relacionada con la designación del presidente de la República y de los diputados y senadores.

 

Presídium del XV Congreso del PCM. De izquierda a derecha: Arnoldo Martínez Verdugo, José Encarnación Pérez, David Alfaro Siqueiros, el poeta Juan Rejano y algunos delegados internacionales
 

Presídium del XV Congreso del PCM. De izquierda a derecha: Arnoldo Martínez Verdugo, José Encarnación Pérez, David Alfaro Siqueiros, el poeta Juan Rejano y algunos delegados internacionales.  Imagen: Fototeca CEMOS, junio de 1967, autor no identificado.

 

Han crecido considerablemente las fuerzas democráticas del país; se ha elevado la influencia política de la oposición de izquierda, dentro de la cual milita nuestro partido; y al mismo tiempo el gobierno de Díaz Ordaz desarrolla los rasgos más negativos de su gobierno y se fortalece la corriente reaccionaria y represiva del aparato estatal.

 

1.La burguesía pierde fuerza política

 

Si en la campaña electoral de 1963-64 la izquierda independiente intervino en el proceso electoral con candidatos propios a través del Frente Electoral del Pueblo, hoy participan sólo el partido oficial y los partidos de la oposición tolerada, que se presta a conformar la imagen falsa de que sólo existen en la realidad política dos fuerzas en pugna: el PRI y el PAN.

Si se compara mecánicamente el proceso electoral de 1963-64 con el que culminará en 1970, podría crearse la falsa apariencia de que se ha fortalecido el bloque reaccionario dominante en el gobierno y se han debilitado las fuerzas democráticas, antiimperialistas y socialistas que se le oponen.

Pero esto no es así. A pesar de que la burguesía ha logrado eliminar a la izquierda del proceso electoral mediante la represión sistemática (ya antes la había eliminado con la legislación electoral que le permite decidir cuál es “partido nacional” y cuál no), el movimiento democrático de 1968 demostró hasta qué punto se han desprestigiado sus caducos métodos de gobernar y sus instituciones, y cómo es cada día mayor y más profunda, la resistencia popular a la política de la burguesía gobernante. Si hoy aparenta haberse sobrepuesto a los embates de que fue objeto en el segundo semestre de 1968, ello se debe esencialmente al hecho de que el movimiento estudiantil y popular no fue todavía lo suficientemente fuerte, organizado y persistente, como para haberla obligado a retroceder, como para imponer un rumbo democrático al desarrollo del país. Quiere lo anterior decir solamente que las fuerzas interesadas en un desarrollo de tipo democrático deben ser conscientes de que los cambios que se requieren ameritan poner en juego acciones de mayor envergadura, que incorporen a la masa fundamental de la clase obrera y a gran parte de los campesinos. Es decir, que movilicen a las fuerzas capaces de afectar las bases económicas en que se sustenta el poder de la burguesía.

Las fuerzas del movimiento estudiantil-popular no alcanzaron a imponer los mínimos cambios que reclamaban. Pero mostraron el debilitamiento político de la burguesía y el desarrollo de las fuerzas democráticas y revolucionarias. Y esto, a pesar de la brutal represión y de su secuela de desorganización temporal, confusiones y desmoralizaciones inevitables.

Un signo del debilitamiento político de la burguesía lo constituye la circunstancia de que el proceso electoral de este período se inicia con las cárceles abarrotadas de presos políticos, de oposicionistas de la izquierda, y precisamente en razón de eso y no de que hayan cometido delito alguno.

Las de 1970 serán, de este modo, unas elecciones no sólo fraudulentas y controladas de principio a fin por el aparato gubernamental, es decir, antidemocráticas en todas sus determinaciones, como es la tradición de la “familia revolucionaria”, sino unas elecciones en las que previamente sé ha puesto bajo arresto al socaire del movimiento estudiantil, a una parte importante de los hombres que dirigen la oposición política de izquierda en nuestro país.

Por eso hemos dicho reiteradamente que la represión de la burguesía contra el movimiento estudiantil y popular no es un hecho circunstancial o circunscrito a una determinada acción política, sino la expresión de la tendencia general del régimen hacia la reacción política, hacia una dictadura terrorista, militarista y policíaca.

Sin desconocer todo lo que hay de baja pasión y espíritu vengativo en la conducta personal del presidente, los presos políticos son una demostración de los cambios de calidad que se han venido acumulando en los últimos años. Expresan el odio de la burguesía a los demócratas verdaderos, a los revolucionarios sin comillas, a los auténticos patriotas mexicanos.

 

2.Rechazo masivo al régimen y conquista de una apertura democrática

 

La aspiración de las masas, especialmente de la joven generación, a intervenir en la política nacional con sus reivindicaciones y sus métodos propios, ha sido una vez más reprimida por la violencia, aplastada por la burguesía. Esta legítima aspiración, que crece inconteniblemente, no puede canalizarse a través de la intervención positiva en el proceso electoral, sino rechazándolo, oponiéndose a él, negándose a concederle validez y legitimidad, como única forma de contribuir activamente a su inminente bancarrota.

La definición acertada de una táctica que corresponda a los intereses de la clase obrera y del desarrollo de movimiento revolucionario en la presente campaña electoral, es la obligación principal del Pleno del Comité Central de nuestro partido, así como de todos los agrupamientos y personalidades que se oponen a la política reaccionaria de la burguesía gobernante. Esta táctica debe corresponder a los logros del movimiento estudiantil y popular de 1968 y asegurar que los sectores más conscientes de la clase obrera y del pueblo, se movilicen y hagan suya, como tarea política fundamental del momento, la del rechazo masivo del régimen despótico y la conquista de una apertura democrática verdadera.

La cuestión principal reside en contribuir de la forma más eficaz posible al desarrollo de la lucha por la democracia en el curso de la campaña electoral, a acrecentar las fuerzas y la organización de la oposición de masas a la política del gobierno. Nuestro punto de vista consiste en que la campaña electoral debe convertirse en un amplio movimiento, en una protesta nacional contra el régimen antidemocrático de la burguesía.

En la lucha por la democratización del régimen político es indispensable en este momento impedir que la burguesía siga engañando a grandes masas, especialmente de la clase obrera, con supuesto carácter democrático de su régimen. Uno de los instrumentos de este engaño es precisamente el proceso electoral, a pesar de que pone al desnudo los principales rasgos del antidemocratismo de la burguesía.

 

3. Actuar desde fuera del proceso electoral

 

La legislación electoral de la “familia revolucionaria” es una de las más relevantes expresiones del régimen antidemocrático a que han sido sometidos los mexicanos. Si tuviera algo de verdad la frase que el presidente de la República acuñó el primero de septiembre y que dice: “La prueba suprema de una democracia es la función electoral”, si no fuera hueca retórica, se le podría tomar la palabra para demostrar a lo que se reduce la “función electoral” en nuestro país. Pero esta función nunca ha sido prueba, y menos aún suprema, de una democracia. Esta prueba corresponde, como se sabe, a la función económica: en manos de quién se encuentran los medios de producción, los periódicos, la radio, la televisión, los locales, etcétera.

La “función electoral” de la burguesía mexicana tiene, por lo demás, objetivos y normas ya muy vistos: impedir la autonomía política de la clase obrera, mantenerla como objeto de sus maquinaciones, supeditada a sus estrechos intereses, a base de someterla mediante coerción al control del partido oficial.

Pero no sólo la clase obrera ve constreñidos sus derechos por la legislación electoral mexicana; son condenadas a la impotencia política otras capas de la población que no se agrupan en los 4 partidos que la burguesía reconoce como “partidos registrados”. La “función electoral” de la democracia a la mexicana consiste en este caso en condenar al ostracismo a todas aquellas corrientes y personas que no se someten a la obediencia al partido oficial ni admiten a los 4 partidos con registro. Es uno de los instrumentos para mantener el monopolio político del grupo dominante. Cuantos intentos han hecho distintas corrientes de pensamiento que surgen en el interior del PRI por independizarse, se encuentran también no con esas puertas que el presidente, con optimismo digno de causa mejor, ve abiertas, sino con auténticas murallas que les impiden cualquier acción política independiente, por limitada que sea, siempre que salga de los marcos de los cuatro partidos registrados.

A eso se debe que la lucha contra el sistema electoral imperante abarque a representantes de todas las corrientes políticas existentes. Es uno de los aspectos en los que es posible unir las fuerzas más diversas por un avance democrático.

Como es bien sabido, nuestro partido es el principal objetivo de la discriminación política establecida por la legislación electoral vigente. Pero no es el único, ni mucho menos. La discriminación se extiende a cualquier grupo o corriente política que se enfrente de verdad al bloque dominante. Desde el punto de vista social, son las grandes masas de la clase obrera y de los campesinos; el conjunto de la juventud y de la intelectualidad democrática y las distintas corrientes de la pequeña burguesía, los que son objeto de la discriminación política oficial.

Nuestro partido carece desde hace 25 años de sus derechos electorales. Está imposibilitado legalmente para presentar candidatos a los puestos de elección. Pero en realidad, los comunistas y las personas que apoyan la posición del partido, están igualmente incapacitados para ejercer su derecho al voto, ya que en tanto partidarios de una ideología y de una política determinadas no tienen por quién ir a votar, pues no pueden ser obligados a escoger entre los candidatos del PRI, del PAN, del PPS o del PARM.

Esta realidad margina al Partido Comunista y a su corriente del proceso electoral. Es la burguesía la responsable de la discriminación de los comunistas y de los opositores de izquierda. Si hemos sido colocados en esta situación, debemos hacernos cargo de ella y actuar en consecuencia. Ello nos conduce a actuar desde fuera del proceso electoral, no por nuestra voluntad, sino a consecuencia del antidemocratismo del sistema. Esta es la primera conclusión, la que se desprende de la legislación electoral y de la situación legal del Partido Comunista.

 

4.Con abstención activa, repudio el sistema electoral antidemocrático

 

En otras campañas electorales, nuestro partido ha tomado el camino de intervenir en el proceso electoral presentando candidatos no registrados, con el propósito de no dejar en manos de la burguesía todo el proceso electoral, hacer propaganda de su programa y de su táctica y contribuir a la organización de los trabajadores. En las últimas elecciones presidenciales, nuestro partido intervino en, la creación del Frente Electoral del Pueblo, que llevó como candidato a la Presidencia de la República al camarada Ramón Danzós Palomino, hoy recluido en la cárcel preventiva del Distrito Federal. No se equivocaron, por cierto, el FEP y el PCM al llamar a la clase obrera, a los campesinos, a los estudiantes e intelectuales a votar contra el candidato de la imposición priista de entonces, que llevaría al país a aquellos “días sombríos" que anunció a su tiempo una caratula de la revista Política, que ya le cuesta a su director, el ingeniero Manuel Marcué Pardiñas, un año en el penal de Lecumberri, y esto a Pesar de que “hacer verdadera política y no actividad subversiva y delictuosa, no precisa de nombres falsos, de tinieblas, de lúgubres catacumbas”, según rezan los consejos del presidente Díaz Ordaz a sus oponentes políticos.

La burguesía rechazó el registro del FEP alegando “irregularidades” de la documentación presentada, a pesar de que el FEP demostró en el curso de la campaña electoral, por sus actos públicos, que en influencia sobrepasaba con mucho la de 2 de los partidos que gozan de registro. Eran, pues, otros motivos los que determinaban la negativa a registrar al FEP y no las “irregularidades” de su documentación. De lo que se trataba era de impedir la consolidación de un agrupamiento unitario que contenía en sí mismo a muchas de las fuerzas de oposición de izquierda al gobierno y al régimen; de esa corriente a la que el grupo dominante, por boca del presidente de la República, llama a no “refugiarse en la clandestinidad, cuando puede (supuestamente) pelear por sus ideales a campo abierto, organizándose políticamente y actuando al amparo de la ley, que es su mejor escudo y garantía” (!!!). Lo prueban con largueza los cientos de asesinados en Tlatelolco, los cuatrocientos procesados y los doscientos presos políticos.

Nuestra posición ante el proceso electoral que se avecina, debe estar determinada por la necesidad de expresar la protesta nacional contra el sistema antidemocrático creado por la burguesía mexicana, y contribuir así al estallido de su crisis. Porque este sistema está entrando en crisis, que será más poderosa y arrastrará consigo mayor número de “instituciones” representativas de la opresión política y económica de la “familia revolucionaria”, mientras más obstáculos se acumulen en el camino de su solución.

Nosotros debemos llamar a las masas a abstenerse de intervenir en la campaña electoral próxima y a no votar en las elecciones, como una forma de expresar su protesta contra el antidemocrático sistema electoral, contra los organizadores de la matanza del 2 de octubre, contra los que llenan las cárceles de presos políticos, contra los que liquidaron, la libertad sindical, contra los que oprimen y explotan a los campesinos, contra los violadores de la autonomía universitaria y la integridad del Instituto Politécnico Nacional. Debemos convertir la campaña electoral en una jornada de lucha por la democracia y la libertad política, contra los métodos autocráticos y dictatoriales, del gobierno.

El objetivo de nuestra posición debe ser lograr que grandes masas repudien el sistema electoral antidemocrático a través de la consigna de abstención activa, que se exprese en una intensa campaña política de desenmascaramiento del sistema y de movilizaciones contra la farsa electoral, como parte de una protesta nacional contra el régimen antidemocrático, con la cual puede llegarse, si el movimiento prende entre las masas, a un auténtico boicot de las elecciones.

Esta segunda conclusión es la que en nuestra opinión se desprende de las necesidades políticas del movimiento democrático y revolucionario en el momento actual. Las elecciones de 1970 están manchadas por la sangre de los mártires de Tlatelolco. Nada decisivo se puede resolver a través de ellas cuando la parte activa y resuelta del pueblo está al margen de todo el proceso electoral. El “tapadismo”, la demagogia y últimamente la violencia, les han quitado incluso la posibilidad de servir de termómetro para apreciar el estado de ánimo de las masas.

Por lo demás, rechazar el proceso electoral actual, no implica ninguna clase de abstencionismo político. La joven generación tuvo ya ocasión —sin necesidad de que le “otorgaran” el voto a los 18 años— de votar en la calle, durante los meses de julio a octubre del año pasado, contra el régimen de la corrupción política y administrativa, contra el régimen del genocidio. Lo seguirá haciendo, sin duda, durante la campaña electoral próxima, utilizando la riquísima experiencia de las brigadas políticas y de otras formas de ligazón con clase obrera, los empleados, los campesinos y todo el pueblo.

La abstención activa ante la farsa electoral no la vemos tampoco como una simple jornada propagandística. Deberá contribuir no sólo a la educación política de la clase obrera y de las masas, sino al proceso de su organización independiente y a la lucha por sus reivindicaciones directas e indirectas en el sentido económico. Tenderá, igualmente, a extender la acción mancomunada de las distintas fuerzas que se oponen al régimen desde posiciones democráticas.

Las masas trabajadoras y las auténticas fuerzas democráticas del país, no pueden esperar nada positivo de los conciliábulos, las presiones, el juego interno que se desarrolla desde hace meses en los altos círculos oficiales para escoger a futuro presidente de la República. Los métodos del “tapadismo”, que circunscriben todo el juego verdadero para elegir al sucesor a las intrigas de los grupos de presión, son la más cruda evidencia de que el pueblo mexicano ha quedado al margen de la designación de las principales autoridades del país.

Tampoco es posible esperar nada positivo de unas elecciones en las que ya se sabe de antemano qué partido será el vencedor; no por su fuerza de masas o su prestigio verdadero, sino por la utilización compulsiva del aparato estatal; no por el convencimiento sino mediante la intimidación y la presión sobre la masa de los sindicatos y de los afiliados forzados a otras organizaciones.

 

5. Continuidad del sistema y de los métodos de gobernar

 

Son absolutamente ilusorias y sirven a la continuación del sistema, las esperanzas que siembran entre las masas determinados políticos con aureola democrática, que ante cada campaña electoral difunden la falsa idea de que el candidato escogido, el que sea, introducirá cambios en la situación, modificará los vicios de la “administración anterior” y resolverá los problemas que dejó pendientes.

Es falso y engañoso que pueda salir de cualquiera de los “tapados” un hombre capaz de cambiar la política de Gustavo Díaz Ordaz. Por todos los medios tratarán de asegurar la continuidad del sistema, la defensa de los intereses creados, la persistencia de los métodos de gobernar, aun arrojando migajas u otorgando pequeñas concesiones a las masas.

Acerca del procedimiento antidemocrático para designar a los funcionarios del gobierno —que deberían ser de elección popular—, son ilustrativas las siguientes palabras del extinto Carlos A. Madrazo: “El presidente en funciones designa sucesor; éste a los gobernadores y éstos a los presidentes municipales. El pueblo vota, pero no elige”. (Citado por “Excélsior” 29-IX-1969).

Es verdad que no podemos ser indiferentes a la designación de cualquier candidato y menos en las condiciones. del régimen presidencialista existente, que otorga al jefe del Ejecutivo un poder casi omnímodo. Él imprimirá a la política oficial, los matices derivados de su forma personal de abordar determinados problemas pero no podrá realizar por voluntad propia ninguna modificación sustancial en la política de la gran burguesía.

Los actuales aspirantes al puesto de candidato del partido oficial, todos los “tapados” sin excepción, comparten la responsabilidad por los atentados contra la libertad política, la persecución y el asesinato colectivo mediante los cuales fue aplastado el movimiento estudiantil. Unos como actores y organizadores directos de la represión, y otros como solidarios del gobierno del que forman parte. De estos funcionarios saldrá el próximo presidente de la República, pero sin que medie la menor intervención de las masas populares en su designación.

La clase obrera, los campesinos, los estudiantes y la intelectualidad democrática, deben rechazar de antemano cualquier designación desde arriba, así se vista con los ropajes más democráticos. El que resulte favorecido no será sino el heredero y continuador del actual presidente reaccionario.

 

6. Los partidos de la “oposición tolerada”

 

En las condiciones que determinan la actual campaña electoral, tampoco cabe esperar nada para la clase obrera y las masas, de los candidatos de otros partidos, en caso de que aparezcan.

El Partido Acción Nacional ya se apresta a capitalizar en su beneficio el descontento acumulado contra el gobierno y el PRI, utilizando las facilidades que ambos le prestan. El gobierno y sus órganos de prensa, se encargan de presentarlo como “la oposición” por antonomasia, como la única alternativa al predominio priista. Y es lógico, porque ambos representan los intereses de distintos grupos de la oligarquía dominante.

El PAN se ha hecho ya hace tiempo usufructuario del descontento espontáneo e inorganizado de las capas más atrasadas de nuestro pueblo contra el régimen; pero no ofrece ninguna alternativa de progreso, ni de reformas avanzadas.

Los comunistas somos partidarios de que el PAN goce de todos sus derechos políticos y de que sus triunfos electorales le sean respetados, aun cuando también recurre a la baja politiquería y al soborno, lo mismo que a la represión contra los obreros, como lo hacen algunos de sus miembros y dirigentes como Manuel Gómez Morín, que era presidente del Consejo de Administración de la fábrica Euzkadi cuando la huelga de 1958. Al mismo tiempo, condenamos el método del gobierno consistente en presentarlo como el partido “de la oposición”, que lo convierte en capitalizador de las masas que desean votar contra el gobierno.

Es característico que en las elecciones para el gobierno de Sonora, cuando la mayoría de los ciudadanos habían decidido votar contra el PRI, el gobierno encarceló al camarada Ramón Danzós Palomino que iba a proclamar su candidatura independiente a Gobernador, para no dejarle al pueblo sonorense otra salida, si quería votar contra el PRI, que inclinarse por el PAN, como sucedió en realidad, a pesar de su notoria debilidad en el Estado. A esto le ayudó la política de sometimiento y supeditación que siguen los dirigentes nacionales del Partido Popular Socialista.

Así se expresa entre otras cosas la connivencia actual entre el PRI y el PAN, su coincidencia en el objetivo de aislar de la vida política al Partido Comunista y a otras corrientes de la izquierda.

Es verdad que en el interior del PAN se abre paso también una corriente que busca adecuar su tradicional estructura de partido de la oligarquía, a los cambios que se producen entre las grandes masas de la clase obrera y de la juventud, especialmente la estudiantil. Son los sectores que han presionado para una renovación del programa tradicional del PAN, en el espíritu del reformismo social-cristiano, que ha llevado al poder a los partidos demócrata-cristianos de Chile y Venezuela. La expresión más destacada del avance de esta tendencia, cuyo principal mantenedor es el Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola, es el documento titulado “Cambio Democrático de Estructuras” que aprobó la XX Asamblea Nacional del PAN realizada del 7 al 9 de febrero del año actual.

Se trata de un reformismo preventivo, tendiente a capitalizar el descontento popular creciente y a impedir el desarrollo de un nuevo proceso revolucionario que acabará no sólo con los privilegios políticos de PRI, sino con los privilegios económicos del PAN. Sin embargo, estos cambios no deben ser subestimados en tanto promueven en sectores de la base de partido tendencias a la acción conjunta con los comunistas, como sucedió en Chihuahua en la defensa de los obreros de la Pepsi-Cola.

En todo caso, el autor de estos cambios es el movimiento estudiantil-popular de 1968. Hay que recordar que la ofensiva del movimiento obrero en 1958-1959 llevó también al PAN a introducir modificaciones a su política en la Asamblea Nacional que realizó por esos años.

Oscurecen las cosas quienes por inercia o por conveniencia pasajera siguen presentando al PAN como el partido de la “reacción clerical terrateniente” y no ven que también este partido sufre un proceso de transformación interna bajo el influjo del descontento de las masas, de las corrientes nuevas, progresistas en lo general, del clero católico, que van mucho más allá de la defensa del capitalismo, en la que se mantiene el PAN.

Pero estos cambios no demuestran que este partido se haya convertido en una fuerza democrática. Revelan la profundidad del descontento de las masas y su exigencia de cambios progresistas, y también las transformaciones de la sociedad mexicana, que lo llevan a actuar como un partido burgués que aspira a ascender al poder político, o a ocupar posiciones decisivas en el aparato del Estado bajo la bandera del reformismo social-cristiano.

Y en esto le presta un magnífico servicio la corriente gubernamental —de la que participa el presidente de la República— tendiente a oficializar un régimen bipartidista al estilo norteamericano, en el cual el electorado se polarizaría en torno de los dos principales partidos burgueses: el PRI y el PAN.

Porque la intención de presentar al Partido Popular Socialista como el organismo representativo de la oposición de izquierda, y hasta de los marxistas-leninistas, es un juego que ha perdido toda eficacia.

Durante algunos años, el gobierno. pudo servirse del PPS como instrumento para engañar a la opinión pública nacional y extranjera con la ilusión de que el “régimen democrático mexicano” admitía en su juego político electoral a toda la gama de las opiniones, desde la extrema derecha, hasta la extrema izquierda. Esta ilusión hace ya tiempo que se ha desvanecido; en su lugar aparece bien clara la realidad de que el PPS no es más que un apéndice del PRI, un defensor del régimen, del “gobierno de la revolución” cualquiera que sea, aunque carezca de la más mínima posibilidad de allegarle cualquier apoyo de masas. Ya lo dijo hace poco el periodista y político Francisco Martínez de la Vega: “El Partido Popular es un gobiernista bien probado, como resulta innecesario reiterarlo”. (El Día, 12 de marzo de 1969).

El PPS carece de cualquier posibilidad de representar una alternativa de izquierda en el curso de las elecciones, y mucho menos para aglutinar al amplio sector que en nuestro país apoyaría, si existieran para ello condiciones legales, una corriente de oposición democrática antiimperialista y socialista. Esto no es de ahora; no surge con la muerte de Vicente Lombardo Toledano y de la crisis posterior a su IV Asamblea Nacional Ordinaria, sino que viene de lejos, desde el momento en que su fundador elaboró la “tesis” de que el “frente antiimperialista y patriótico”, por el que dice luchar, debía abarcar a la burguesía gobernante.

Todo indica que la actual dirección del PPS, la “dirección lombardista” como gusta de llamarse, prepara el terreno para apoyar al candidato del PRI. A esto se reduce el sentido de la frase del Informe de la Dirección Nacional a la IV Asamblea Nacional Ordinaria (29-31 de enero de 1969) que dice que “con un programa común puede haber un candidato común de todos los que sustentamos ideas democráticas y patrióticas”. (Nueva Democracia, marzo de 1969, pág. 10). ¿Programa común de quiénes? El informante no lo dice, pero es claro que se refiere al PRI, único que con el PPS podrá sostener un “programa común”. Mas lo que no se podía decir claramente en enero, 8 meses después —el 30 de septiembre— en vísperas del destapamiento del “tapado”, uno de los dirigentes y diputados del PPS, el profesor Indalecio H. Sayago, aseveró a un periodista de Últimas Noticias: “apoyaremos al candidato del PRI siempre que se comprometa a continuar la política de nacionalización que ha seguido el presidente Díaz Ordaz”. De esta oración lo único valedero es la primera parte: “apoyaremos al candidato del PRI”, pues su condicionante es tan hipócrita como irreal. ¿Es que el presidente Díaz Ordaz ha formulado en alguna parte una política nacionalizadora o ha nacionalizado algo en los 5 largos años de su gobierno?

No importa. Ya antes, la IV Asamblea Nacional del PPS había aprobado un Informe de su dirección nacional en el que se afirma que ésta “opina que el presidente Díaz Ordaz mantiene, en el aspecto internacional, una política independiente y, en lo nacional, son más los hechos positivos que los negativos”, (Nueva Democracia, pág. 10) con lo que sale del paso para justificar su adhesión al presidente actual y su apoyo previo al sucesor. Y después de esto dicen sin ningún rubor que el lombardismo “es el marxismo-leninismo aplicado a la realidad mexicana”.

Un partido que se suma a las calumnias contra el movimiento estudiantil y popular, que atribuye la situación en el campo a los malos funcionarios que traicionan “la política agraria del señor presidente de la República” y que presenta como línea estratégica “el impulso cada vez mayor a la “revolución mexicana”, no puede tener ningún influjo positivo en el desarrollo de una oposición popular, democrática y revolucionaria en el período electoral.

Los últimos acontecimientos en el interior del PPS son demostrativos de que la crisis política e ideológica de este partido, que es la crisis del oportunismo y del revisionismo lombardista, ha devenido en crisis orgánica, en bancarrota total. Su último reducto de masas, la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) salió de su influencia al separarse del PPS su equipo dirigente, encabezado por Jacinto López, que ha creado, apoyándose en ella, el “Partido Obrero Agrario. Mexicano” que solicitó su registro como partido nacional.

Y todavía hoy no se resuelve la crisis provocada con la expulsión del diputado Carlos Sánchez Cárdenas y de otros representativos de su corriente. Los propios familiares de Lombardo en este problema se han colocado frente a los actuales dirigentes del PPS.

De la posición que adopte el PARM ante la campaña electoral no vale la pena ocuparse. Todo México sabe que no existe más qué para apoyar y aparentar que existe juego de partidos. Su presencia en la Cámara tiene la virtud de revelar a qué extremos de desprecio por la opinión pública ha llegado el régimen de la “familia revolucionaria”.

 

7. Una tercera fuerza: la oposición de izquierda

 

Este panorama de las fuerzas políticas que tienen la posibilidad de intervenir en el proceso electoral como “partidos nacionales” no es obra de la casualidad, sino resultado de una política, que tiende por todos los medios a que sólo dos grupos de la burguesía, que no son otra cosa el PRI y el PAN, aparezcan ante las masas como las únicas fuerzas reales ante las que hay que optar.

No son, desde luego, las únicas que existen en la vida nacional. Existe y actúa una tercera fuerza, cuya influencia es cada vez más visible y no pueden ocultar la cortina de silencio tendida por la prensa a su gestión gubernamental, ni las represiones de que es objeto. Lucha en las calles, se organiza y actúa en fábricas y talleres, bulle en el campo y cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la juventud estudiantil y gran parte de la intelectualidad. Pero carece de cualquier reconocimiento legal a su existencia, como no sea para llenar con sus representantes las cárceles de México.

Esta tercera fuerza es la que constituye la oposición de izquierda, la que representa los auténticos intereses de la clase obrera, de los campesinos, de los estudiantes, de la intelectualidad. Desde el punto de vista político la integran el partido y la Juventud Comunista, los núcleos que formaron parte del Movimiento de Liberación Nacional y del Frente Electoral del Pueblo, los distintos agrupamientos que apoyaron el movimiento estudiantil y popular de 1968, y la corriente, cada vez más amplia, de la Iglesia Católica, que comienza a intervenir en la política nacional desde posiciones democráticas y en algunos casos de simpatía hacia el socialismo.

Esta no es una corriente homogénea, como no lo es la que se agrupa en torno del PRI, ni la que apoya al PAN. Numerosas discrepancias ideológicas y políticas existen entre los distintos agrupamientos que la integran, pero tienen de común la aspiración a un cambio en sentido democrático, antiimperialista y socialista, y la oposición al PRI y a su alternativa oficialista, el PAN. Las condiciones para el desarrollo de esta corriente son en la actualidad propicias, pese al terror gubernamental y a su aparente predominio entre las masas obreras y campesinas. Nuestro partido luchará por la unidad de estas corrientes en la acción, que es lo único que puede detener el proceso de reaccionarización de la vida política del país. Seguramente que en una forma u otra, todas ellas se opondrán a la farsa electoral que prepara la burguesía y contribuirán a que masas cada vez más grandes del pueblo mexicano repudien activamente al régimen político y económico que pisotea las libertades conquistadas en largos años de lucha y deja sin derechos políticos a las clases explotadas y a los oponentes reales y no formales del bloque gobernante.

 

[1]  Publicado en: Nueva Época, número 27-28, septiembre – octubre de 1969.